When facing ICE or law enforcement
Know Your Rights
You have the right to remain silent and do not have to speak with immigration officers - You can refuse to answer questions and state that you wish to remain silent. Avoid sharing information about your place of birth and how you arrived in the U.S.
Carry a know-your-rights card and present it if an immigration officer stops you - This card states you choose to remain silent and wish to speak to an attorney.
Do not open your door - ICE needs a judge-signed warrant to enter, which they rarely have. If they claim to have one, ask them to show it through a window or under the door. The warrant must have your correct name and address. Talking through the door helps you avoid answering questions.
You have the right to speak to a lawyer - Simply say, "I need to speak to my attorney." Your lawyer can be present if ICE or law enforcement questions you.
Talk to a lawyer before signing anything - ICE may ask you to sign away your rights to a lawyer or judge. Make sure you understand any document before signing.
Carry only essential documents - Always have valid U.S. immigration documents, such as a work permit or green card, for identification. Avoid carrying foreign passports or other foreign papers, as they may be used against you in deportation proceedings.
Inform ICE about your children - If you are a parent or primary caregiver of a U.S. citizen or permanent resident under 18, notify the officer. ICE may "exercise discretion" and let you go based on your caregiving role.
Create a safety plan - Memorize contact numbers for a friend, family member, or attorney to call if arrested. Make arrangement for the care of children or dependents in case of detention. Store important document (birth certificates, immigration papers) in a secure location accessible to trusted individuals.
Ensure your loved ones can locate you if detained by ICE - Make sure your loved ones know how to find you if you are detained by ICE. They can use ICE's online detainee locator for adults in immigration custody (https://locator.ice.gov/odls/#/search) or call the local ICE office (https://www.ice.gov/contact/field-offices?office=16). Make sure they have your alien registration number if you have one. You can also call the Executive Officer for Immigration Review (EOIR) open 24/7 for your case status, 1-800-898-7180.
Conozca Sus Derechos
Tienes derecho a guardar silencio y no tienes que hablar con los oficiales de inmigracion - Puedes negarte a responder preguntas y decir que prefieres permanecer en silencio. Evita compartir cualquier informacion sobre tu lugar de nacimiento o cómo llegaste a los EE.UU.
Lleva contigo una tarjeta de "conoce tus derechos" y preséntala si un oficial de inmigración te detiene - Esta tarjeta indica que prefieres guardar silencio y deseas hablar con un abogado.
No abras la puerta - ICE necesita una orden firmada por un juez para entrar, lo cual rara vez tienen. Si dicen tener una, pídeles que te la muestren a través de la ventana o por debajo de la puerta. La orden debe tener tu nombre y dirección correctos. Hablar a través de la puerta te ayuda a evitar responder preguntas.
Tienes derecho a hablar con un abogado - Simplemente di, "Necesito hablar con mi abogado." Tu abogado puede estar presente si ICE o la policía te interrogan.
Habla con un abogado antes de firmar cualquier cosa - ICE pude pedirte que renuncies a tu derecho a un abogado o a un juez. Asegúrate de entender cualquier documento antes de firmarlo.
Lleva solo documentos esenciales - Siempre lleva tus documentos válidos de inmigración de EE. UU., como un permiso de trabajo o tarjeta verde, para identificación. Evita llevar pasaportes extranjeros u otros documentos extranjeros, ya que podrían usarse en tu contra en los procedimientos de deportación.
Informa a ICE sobre tus hijos - Si eres padre o cuidador principal de un ciudadano estadounidense o residente permanente menor de 18 años, notifícalo al oficial. ICE puede "ejercer discreción" y dejarte ir debido a tu responsabilidad como cuidador.
Crea un plan de seguridad - Memoriza los números de contacto de un amigo, familiar o abogado a quien puedas llamar si eres arrestado. Haz arreglos para el cuidado de niños o dependientes en caso de detención. Guarda documentos importantes (certificados de nacimiento, papeles de inmigración) en un lugar seguro donde personas de confianza puedan acceder a ellos.
Asegúrate de que tus seres queridos puedan encontrarte si eres detenido por ICE - Asegúrate de que tus seres queridos sepan cómo encontrarte si eres detenido por ICE. Pueden usar el localizador en línea de detenidos de ICE (locator.ice.gov/odls/homePage.do) para adultos bajo custodia migratoria o llamar a la oficina local de ICE (www.ice.gov/contact/ero). Asegúrate de que tengan tu número de registro de extranjero anotado, si lo tienes. Tambien puedes llamar al número de la línea de atención de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) al 1-800-898-7180, abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener información sobre el estado de tu caso.
1. Criminalización de los derechos reproductivos
En la página 489 del mandato del Proyecto 2025, la Heritage Foundation esboza una visión para redefinir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como el "Departamento de la Vida", rechazando el aborto como atención médica y priorizando una misión para "promover la salud y el bienestar de todos los estadounidenses desde la concepción hasta la muerte natural".
Las implicaciones de una prohibición nacional del aborto como atención médica son alarmantes para todas las mujeres. Cuando el aborto no se considera atención médica, a las mujeres que enfrentan graves riesgos de salud durante el embarazo se les puede negar la atención vital que necesitan. Afecciones como embarazos ectópicos, sepsis o hemorragias podrían causar muertes o daños duraderos si los médicos no pueden proporcionar las intervenciones necesarias. En última instancia, estas restricciones obligan a las mujeres a soportar embarazos, independientemente de las complicaciones de salud o de su bienestar.
El proyecto también pide a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que revoque la aprobación de medicamentos abortivos como la mifepristona (pág. 485) y ordena al Departamento de Justicia (DOJ) que enjuicie a las mujeres y médicos que violen las prohibiciones de aborto, independientemente del estado físico de la madre. Esas políticas penalizan los embarazos y podrían dar lugar a acciones legales contra las mujeres que sufren abortos espontáneos o mortinatos. Cuando el aborto espontáneo está sujeto a escrutinio, cada pérdida de embarazo puede considerarse como sospechosa, lo que aumenta el riesgo de que se realicen investigaciones penales contra mujeres que enfrentan trágicas pérdidas personales.
En estados como Texas, los casos legales ya están estableciendo un precedente para los objetivos del Proyecto 2025. Recientemente, el juez Matthew Kacsmaryk falló a favor de revocar la aprobación de la FDA de la mifepristona, un fallo que posteriormente llegó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Aunque el caso fue finalmente desestimado por la Corte Suprema por razones procesales—específicamente, que los demandantes carecían de daño directo suficiente para justificar sus reclamaciones—el caso en sí sirvió como una prueba de resistencia para determinar hasta qué punto la ley puede ser estirada para limitar el acceso a los medicamentos para el aborto. Proporciona un plan para un argumento ganador.
Este caso señala un futuro potencial donde los objetivos del Proyecto 2025 se realizan a través de estrategias legales similares. Cada paso gradual, desde aprobaciones impugnadas de la FDA hasta desafíos legales específicos, está allanando el camino para restricciones más amplias, con consecuencias de largo alcance para los derechos reproductivos en los Estados Unidos.
2. Desmantelamiento del Departamento de Educación
La Heritage Foundation propone una reforma drástica del sistema educativo estadounidense desfinanciando el Departamento Federal de Educación (pág. 319). Al descentralizar el control a los estados individuales, el apoyo federal a los programas que benefician a las escuelas de bajos ingresos y la ayuda financiera universitaria podría desaparecer. Los distritos escolares públicos dependen de aproximadamente el 11% de sus fondos, alrededor de $101 mil millones anuales, del gobierno federal, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.
Los estados y distritos más ricos podrían llenar esta brecha de financiamiento, pero las comunidades más pobres se quedarían atrás, exacerbando las disparidades educativas que afectarían desproporcionadamente a los estudiantes en las regiones de bajos ingresos. Por ejemplo, mientras que los fondos federales representan solo el 4% del presupuesto educativo del estado de Nueva York, estados como Missouri dependen del apoyo federal para casi el 40% de sus fondos escolares. Eliminar estos recursos cruciales llevaría a los distritos que ya tienen dificultades al borde, creando un sistema educativo donde el acceso de un niño a una educación de calidad depende completamente de su código postal. Este cambio convertiría efectivamente la educación en un privilegio reservado para las comunidades más ricas, abandonando a millones de estudiantes en áreas de escasos recursos y ampliando la brecha de riqueza.
El proyecto también destaca un enfoque selectivo para la aplicación de los derechos civiles, con el objetivo de remodelar los planes de estudio eliminando las historias de los grupos étnicos que se consideran incompatibles con su interpretación de los derechos civiles (pág. 322). Este impulso ya está en marcha en estados como Florida, Carolina del Sur y Arkansas, donde los cursos de Estudios Afroamericanos de AP han sido prohibidos en las escuelas públicas, eliminando contenido crucial que forma una comprensión integral de la historia de Estados Unidos. Tales restricciones van de la mano con el impulso para prohibir las discusiones sobre el racismo sistémico, reduciendo el alcance de lo que los estudiantes pueden aprender sobre las contribuciones culturales y los desafíos que enfrentan las comunidades no blancas.
El resultado sería una educación histórica menos inclusiva y menos precisa, privando a los estudiantes del contexto esencial sobre el pasado de su país. Este enfoque restringido no solo disminuye el valor de la diversidad en la educación, sino que también deja a los estudiantes menos equipados para la educación superior y la fuerza laboral mundial. A medida que las perspectivas sobre la raza, la cultura y la complejidad social se eliminan de los planes de estudio, los estudiantes pierden las habilidades de pensamiento crítico necesarias para comprometerse con una sociedad cada vez más diversa y una economía global compleja. Al borrar selectivamente perspectivas e historias no blancas, este enfoque corre el riesgo de producir generaciones no preparadas para las demandas de la educación superior y poco adecuadas para contribuir significativamente a la economía de Estados Unidos. El impacto económico a largo plazo de este sistema educativo reducido será una fuerza laboral carente de competencia cultural, adaptabilidad y las habilidades analíticas necesarias para la innovación en un mundo interconectado, lo que en última instancia debilitará la ventaja competitiva y la cohesión social de los Estados Unidos.
En la página 340 el proyecto 2025 pide la privatización del sistema de préstamos estudiantiles. Este cambio probablemente aumentaría el costo para los estudiantes, ya que los prestamistas privados priorizan las ganancias. Los estudiantes se enfrentarán a mayores cargas financieras, haciendo que la educación superior sea menos accesible para las familias de clase trabajadora y clase media y crearán más barreras financieras para la movilidad ascendente. Estas propuestas apuntan hacia un sistema educativo que favorece ciertos tramos de ingresos, lo que conlleva una pérdida de diversidad que conllevará una mayor brecha económica. Estas políticas tienen como objetivo convertir la educación en un privilegio en lugar de un derecho universal.
3. Deportación Masiva
El Proyecto 2025 propone transferir la custodia de los niños inmigrantes de Salud y Servicios Humanos (HHS) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dando prioridad a la aplicación de la ley sobre el bienestar (pág. 148). La entrega de esta responsabilidad a DHS probablemente ampliaría estos centros y normalizaría estas prácticas inhumanas, dado que el Departamento se centra principalmente en la aplicación de la ley y no en las preocupaciones humanitarias o de bienestar infantil. El aumento de los centros de detención administrados por una agencia orientada a la aplicación de la ley no solo correrá el riesgo de violaciones similares, sino que empeorará la seguridad y el bienestar psicológico de los niños inmigrantes vulnerables. Esta propuesta, junto con la supuesta derogación de partes de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA), permitiría el uso de centros de detención a gran escala en todo el país.
Este cambio plantea importantes preocupaciones, especialmente dado el enfoque actual orientado a la atención, que ya se enfrenta denuncias de violaciones de los derechos humanos en los centros de detención. Informes del Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington, destacan graves condiciones que ponen en peligro el bienestar de los detenidos, supuestamente incluyendo acceso limitado a la atención médica, condiciones insalubres y alimentos infestados de gusanos. Estos problemas han sido tan graves que del 1 de enero al 12 de marzo de este año, seis detenidos intentaron suicidarse. Trágicamente, Charles Leo Daniel, un detenido en este centro, murió por suicidio, lo que provocó un mayor escrutinio y críticas de las condiciones dentro del centro.
Tacoma es un pequeño ejemplo de lo que podría suceder si se cumple el mandato de detener a 11 millones de personas en centros de detención y tiendas de campaña (140). Las estimaciones sugieren que deportar a un millón de personas anualmente podría costar aproximadamente $88 mil millones de dólares al año. Esta carga económica se ve agravada no solo por las consecuencias económicas de perder millones de trabajadores esenciales, sino también por el costo de construir la infraestructura para dar paso a este impulso.
La detención a gran escala de inmigrantes tendría implicaciones económicas de gran alcance. Los inmigrantes contribuyen miles de millones en impuestos anualmente, a menudo sin recibir ningún beneficio, lo que significa que su remoción dañaría los negocios locales, tensaría los presupuestos estatales e impactaría negativamente al Seguro Social y otros programas basados en impuestos que dependen de estas contribuciones. Un estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración revela que la deportación masiva podría llevar a una reducción asombrosa de $1,7 billones en el producto interno bruto (GDP), lo que demuestra el impacto de eliminar de la economía a 11,1 millones de personas que pagan impuestos. Estas estimaciones no incluyen los beneficios que estas personas aportan a la economía como consumidores.
La agenda de deportaciones masivas del Proyecto 2025 también puede allanar el camino para nuevas medidas restrictivas sobre la inmigración legal. Los datos históricos muestran que entre el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2020, la administración Trump redujo el número de tarjetas verdes emitidas a nuevos solicitantes en 418.453 y redujo las visas de no inmigrante en al menos 11.178.668, lo que resultó en una reducción del 63% de la inmigración legal.
Las acciones propuestas por el Proyecto 2025 y la administración Trump desprecian los inmensos beneficios que los inmigrantes aportan a la prosperidad económica de los Estados Unidos. Los inmigrantes no solo son cruciales para satisfacer las demandas laborales, sino que también son motores vitales del crecimiento económico y la innovación. Los inmigrantes tienen el doble de probabilidades de iniciar un negocio y un 50% más de probabilidades de registrar una patente que sus homólogos nacidos en el país. Al subestimar el valor de los inmigrantes, las políticas propuestas ponen en peligro los cimientos económicos del país, destacando la necesidad de un enfoque económicamente racional de la inmigración.
4. Establecimiento de un Poder Ejecutivo Unitario
El Proyecto 2025 podría erosionar significativamente el sistema de controles y contrapesos del país al tratar de aumentar la autoridad del presidente sobre todos los aspectos del gobierno federal. Un aspecto crítico de este plan implica reemitir la orden ejecutiva del Anexo F de Trump dentro del nuevo Departamento del Interior, que permitiría el despido de empleados “incumplidores” (pág. 335). Esta medida permitiría a los extremistas de extrema derecha despedir a los empleados federales considerados insuficientemente leales.
Esta propuesta se dirige a la vasta fuerza laboral federal que comprende aproximadamente 3,5 millones de personas responsables de administrar un presupuesto federal de $6,2 billones. Actualmente, solo unos 4.000 de los más de 3 millones de empleados federales son designados políticos que normalmente son reemplazados con cada administración presidencial. La mayoría, considerados funcionarios públicos de carrera, desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la continuidad e integridad de las operaciones gubernamentales.
En 2020, la orden ejecutiva del ex presidente Trump tenía como objetivo crear una nueva clase de trabajadores federales, conocidos como empleados del “Anexo F” para aumentar la cantidad de nombramientos presidenciales que podría nombrar y reemplazar a los funcionarios públicos de carrera por miles. Esta designación incluiría a los funcionarios de carrera que se dedicarían a tareas de "confidencialidad, determinación de políticas y formulación de políticas", lo que pondría a una parte importante de la administración pública en riesgo de purgas políticas. Tales cambios no sólo amenazan la estabilidad de las instituciones federales, sino que también comprometen su capacidad de funcionar de manera independiente y eficaz, socavando aún más los principios fundamentales de la democracia. En caso de que se restablezca el Anexo F, el presidente Trump tendría los medios para llevar a cabo la agenda del Proyecto 2025.
El movimiento hacia la consolidación del poder ejecutivo es evidente en la forma en que las administraciones recientes han navegado el proceso de transición electoral. Típicamente, una transición del poder presidencial sin problemas es facilitada por la Ley de Transición Presidencial, que fue establecida por el Congreso para asegurar que el gobierno federal esté preparado para un nuevo liderazgo. Una parte vital de este proceso es un memorando de entendimiento (MOU), firmado por ambas partes, que asegura la financiación del presupuesto de transición para apoyar a los nombrados y mantener la continuidad entre las administraciones.
En virtud de esta ley, la Administración de Servicios Generales (GSA) está obligada a proporcionar espacio esencial de oficinas y servicios básicos de apoyo al presidente electo y vicepresidente electo entrante. Además, los candidatos elegibles reciben recursos previos a las elecciones, lo que permite a los presidentes de primer y segundo mandato planificar adecuadamente las transiciones mucho antes de que se finalicen los resultados electorales. Esta financiación es esencial para establecer una transición estable, transparente y eficiente.
Sin embargo, la negativa del presidente Trump a firmar el MOU, a pesar de las múltiples oportunidades, demuestra una desviación de las normas de la transición presidencial. Al negarse a firmar el memorando de entendimiento, Trump podría evitar la supervisión pública que viene con el uso de fondos federales para actividades de transición. Esto abre la puerta a la financiación privada e imposible de rastrear, a menudo llamada "dinero oscuro", para llenar los vacíos financieros. Esta renuencia sugiere una preferencia por un poder ejecutivo más unitario, un concepto similar a un estado unitario, de tal manera que el poder ejecutivo mantiene la mayoría del poder, dejando al poder judicial y al legislativo significativamente subordinados.
Tales cambios hacia la centralización podrían socavar el modelo estadounidense de controles y contrapesos, concentrando el poder en el poder ejecutivo y potencialmente debilitando el funcionamiento independiente de las instituciones federales diseñadas para servir a una sociedad diversa y democrática.
Una pobre transición del poder no solo podría socavar la integridad de nuestra democracia, sino que también podría conducir a un cierre completo del gobierno federal. Esto fue ilustrado por el cierre del gobierno de 2019 bajo el presidente Trump, que duró desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019. El cierre fue provocado por un enfrentamiento presupuestario entre el presidente y el Congreso por su demanda de 5,7 mil millones de dólares en fondos para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Durante 35 días, este cierre se convirtió en el más largo en la historia de Estados Unidos, afectando a aproximadamente 800.000 trabajadores federales que fueron despedidos temporalmente u obligados a trabajar sin sueldo. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó el costo total del cierre en alrededor de $11 mil millones, y $3 mil millones de esa cantidad se consideraron una pérdida permanente para la economía.
Lo más importante es que el cierre interrumpió numerosos programas de asistencia federal, dejando a las agencias incapaces de distribuir fondos vitales para vivienda y asistencia alimentaria. La amenaza de alterar las funciones del gobierno, que podría durar incluso más que el acontecimiento de 2019, suscita serias preocupaciones. Un cierre tan prolongado probablemente tendría efectos perjudiciales de largo alcance en las comunidades y la economía, exacerbando las dificultades para quienes dependen del apoyo federal y desestabilizando varios sectores en toda la nación.
El Proyecto 2025 representa una amenaza sustancial no solo para los derechos individuales, sino también para los cimientos mismos de la democracia estadounidense. Al tratar de centralizar el poder en el poder ejecutivo, socavar los derechos civiles y erosionar los programas sociales esenciales, esta agenda radical prioriza el control sobre la justicia, la aplicación sobre el bienestar y la exclusión sobre la inclusión. Las medidas incrementales que ya se están tomando en los estados presagian un futuro en el que los derechos de los grupos marginados, ya sean mujeres, inmigrantes o familias de bajos ingresos, se ven aún más comprometidos.
Texas Executive Order on Hospital Reporting
Know Your Rights
No Obligation to Disclose Status - Hospitals, as businesses, are required to report medical care provided to undocumented patients, but you, as a patient, are NOT required to answer questions about your immigration status. Refusing to respond is not a crime.
Medical Care Cannot be Interrupted - According to the Texas Medical Association, your medical care cannot be stopped or denied simply because you choose not to disclose your immigration status to the hospital.
Emergency Medical Rights Under Federal Law - The Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) requires hospitals to provide care in emergencies to anyone in need, regardless of IMMIGRATION STATUS OR ABILITY TO PAY.
Political Impact on Communities - This executive order may be seen as a political action targeting immigrant communities. However, it cannot legally override federal laws protecting patient’s rights in emergency rooms.
Contributing Taxpayer - If you are Hispanic or undocumented, remember that you contribute taxes, which help support hospitals. You are not receiving free care; tax dollars fund these institutions for everyone.
Seek Help When Needed - Don’t hesitate to seek medical care if you or your family member is unwell. This order does not change your right to receive care.
Report Care Denial - If you have any questions or need help filing a civil rights or health information privacy complaint, email the Office of Civil Rights at OCRMail@hhs.gov or call the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights toll-free at 1-800-368-1019, TDD: 1-800-537-7697.
Conozca Sus Derechos
Sin Obligación de Divulgar Estatus - Los hospitales, como negocios, están obligados a reportar la atención médica brindada a pacientes indocumentados, pero usted, como paciente, NO está obligado a responder preguntas sobre su estatus migratorio. Negarse a responder no es un delito.
La Atención Médica No Puede Ser Interrumpida - Según la Asociación Médica de Texas, su atención médica no puede ser detenida ni negada simplemente porque decida no revelar su estatus migratorio al hospital.
Derechos Médicos de Emergencia Según la Ley Federal - La Ley Federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA) exige que los hospitales brinden atención en emergecias a cualquier persona que la necesite, independientemente de su ESTATUS MIGRATORIO O ABILIDAD DE PAGAR.
Impacto Político en las Comunidades - Esta orden ejecutiva puede interpretarse como una acción política dirigida a las comunidades inmigrantes. Sin embargo, no puede anular legalmente las leyes federales que protegen los derechos de los pacientes en las salas de emergencia.
Contribuyente que Aporta - Si es hispano o indocumentado, recuerde que contribuye con impuestos que ayudan a financiar los hospitales. No está recibiendo atención gratuita; los impuestos financian estas instituciones para todos.
Busque Ayuda Cuando Sea Necesario - No dude en buscar atención médica si usted o un miembro de su familia se encuentra mal. Esta orden no cambia su derecho a recibir atención médica.
Reporte Negación de Atención - Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para presentar una queja de derechos civiles o de privacidad de información de salud, envíe un correo electrónico a la Oficina de Derechos Civiles en OCRMail@hhs.gov o llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, al número gratuito 1-800-368-1019, TDD: 1-800-537-7697.