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El Proyecto 2025 no es solo una visión lejana de la derecha llena de políticas extremas que es poco probable que se realicen. La agenda ya está apareciendo en estados como Texas y Washington, gradualmente centralizándose lejos de los individuos y poniendo a prueba los límites de la resiliencia legislativa y judicial. Se han probado en los tribunales o se han intentado aplicar en la legislación planes de política similares a los del Proyecto 2025, esencialmente poniendo a prueba su viabilidad y estableciendo las bases para una aplicación más fácil en todo el país. Estos pequeños movimientos estratégicos están allanando gradualmente el camino para la visión más amplia del plan. Esta actualización destaca cómo se están probando las políticas sugeridas en el proyecto 2025.
 

1.  Criminalización de los derechos reproductivos 

En la página 489 del mandato del Proyecto 2025, la Heritage Foundation esboza una visión para redefinir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como el "Departamento de la Vida", rechazando el aborto como atención médica y priorizando una misión para "promover la salud y el bienestar de todos los estadounidenses desde la concepción hasta la muerte natural".

Las implicaciones de una prohibición nacional del aborto como atención médica son alarmantes para todas las mujeres.  Cuando el aborto no se considera atención médica, a las mujeres que enfrentan graves riesgos de salud durante el embarazo se les puede negar la atención vital que necesitan. Afecciones como embarazos ectópicos, sepsis o hemorragias podrían causar muertes o daños duraderos si los médicos no pueden proporcionar las intervenciones necesarias. En última instancia, estas restricciones obligan a las mujeres a soportar embarazos, independientemente de las complicaciones de salud o de su bienestar. 

El proyecto también pide a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que revoque la aprobación de medicamentos abortivos como la mifepristona (pág. 485) y ordena al Departamento de Justicia (DOJ) que enjuicie a las mujeres y médicos que violen las prohibiciones de aborto, independientemente del estado físico de la madre. Esas políticas penalizan los embarazos y podrían dar lugar a acciones legales contra las mujeres que sufren abortos espontáneos o mortinatos. Cuando el aborto espontáneo está sujeto a escrutinio, cada pérdida de embarazo puede considerarse como sospechosa, lo que aumenta el riesgo de que se realicen investigaciones penales contra mujeres que enfrentan trágicas pérdidas personales.
En estados como Texas, los casos legales ya están estableciendo un precedente para los objetivos del Proyecto 2025. Recientemente, el juez Matthew Kacsmaryk falló a favor de revocar la aprobación de la FDA de la mifepristona, un fallo que posteriormente llegó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Aunque el caso fue finalmente desestimado por la Corte Suprema por razones procesales—específicamente, que los demandantes carecían de daño directo suficiente para justificar sus reclamaciones—el caso en sí sirvió como una prueba de resistencia para determinar hasta qué punto la ley puede ser estirada para limitar el acceso a los medicamentos para el aborto. Proporciona un plan para un argumento ganador. 

Este caso señala un futuro potencial donde los objetivos del Proyecto 2025 se realizan a través de estrategias legales similares. Cada paso gradual, desde aprobaciones impugnadas de la FDA hasta desafíos legales específicos, está allanando el camino para restricciones más amplias, con consecuencias de largo alcance para los derechos reproductivos en los Estados Unidos. 

2.  Desmantelamiento del Departamento de Educación 

La Heritage Foundation propone una reforma drástica del sistema educativo estadounidense desfinanciando el Departamento Federal de Educación (pág. 319). Al descentralizar el control a los estados individuales, el apoyo federal a los programas que benefician a las escuelas de bajos ingresos y la ayuda financiera universitaria podría desaparecer. Los distritos escolares públicos dependen de aproximadamente el 11% de sus fondos, alrededor de $101 mil millones anuales, del gobierno federal, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.
Los estados y distritos más ricos podrían llenar esta brecha de financiamiento, pero las comunidades más pobres se quedarían atrás, exacerbando las disparidades educativas que afectarían desproporcionadamente a los estudiantes en las regiones de bajos ingresos. Por ejemplo, mientras que los fondos federales representan solo el 4% del presupuesto educativo del estado de Nueva York, estados como Missouri dependen del apoyo federal para casi el 40% de sus fondos escolares. Eliminar estos recursos cruciales llevaría a los distritos que ya tienen dificultades al borde, creando un sistema educativo donde el acceso de un niño a una educación de calidad depende completamente de su código postal. Este cambio convertiría efectivamente la educación en un privilegio reservado para las comunidades más ricas, abandonando a millones de estudiantes en áreas de escasos recursos y ampliando la brecha de riqueza.

El proyecto también destaca un enfoque selectivo para la aplicación de los derechos civiles, con el objetivo de remodelar los planes de estudio eliminando las historias de los grupos étnicos que se consideran incompatibles con su interpretación de los derechos civiles (pág. 322). Este impulso ya está en marcha en estados como Florida, Carolina del Sur y Arkansas, donde los cursos de Estudios Afroamericanos de AP han sido prohibidos en las escuelas públicas, eliminando contenido crucial que forma una comprensión integral de la historia de Estados Unidos. Tales restricciones van de la mano con el impulso para prohibir las discusiones sobre el racismo sistémico, reduciendo el alcance de lo que los estudiantes pueden aprender sobre las contribuciones culturales y los desafíos que enfrentan las comunidades no blancas. 

El resultado sería una educación histórica menos inclusiva y menos precisa, privando a los estudiantes del contexto esencial sobre el pasado de su país. Este enfoque restringido no solo disminuye el valor de la diversidad en la educación, sino que también deja a los estudiantes menos equipados para la educación superior y la fuerza laboral mundial. A medida que las perspectivas sobre la raza, la cultura y la complejidad social se eliminan de los planes de estudio, los estudiantes pierden las habilidades de pensamiento crítico necesarias para comprometerse con una sociedad cada vez más diversa y una economía global compleja. Al borrar selectivamente perspectivas e historias no blancas, este enfoque corre el riesgo de producir generaciones no preparadas para las demandas de la educación superior y poco adecuadas para contribuir significativamente a la economía de Estados Unidos. El impacto económico a largo plazo de este sistema educativo reducido será una fuerza laboral carente de competencia cultural, adaptabilidad y las habilidades analíticas necesarias para la innovación en un mundo interconectado, lo que en última instancia debilitará la ventaja competitiva y la cohesión social de los Estados Unidos.

En la página 340 el proyecto 2025 pide la privatización del sistema de préstamos estudiantiles. Este cambio probablemente aumentaría el costo para los estudiantes, ya que los prestamistas privados priorizan las ganancias. Los estudiantes se enfrentarán a mayores cargas financieras, haciendo que la educación superior sea menos accesible para las familias de clase trabajadora y clase media y crearán más barreras financieras para la movilidad ascendente. Estas propuestas apuntan hacia un sistema educativo que favorece ciertos tramos de ingresos, lo que conlleva una pérdida de diversidad que conllevará una mayor brecha económica. Estas políticas tienen como objetivo convertir la educación en un privilegio en lugar de un derecho universal. 

3. Deportación Masiva 

El Proyecto 2025 propone transferir la custodia de los niños inmigrantes de Salud y Servicios Humanos (HHS) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dando prioridad a la aplicación de la ley sobre el bienestar (pág. 148). La entrega de esta responsabilidad a DHS probablemente ampliaría estos centros y normalizaría estas prácticas inhumanas, dado que el Departamento se centra principalmente en la aplicación de la ley y no en las preocupaciones humanitarias o de bienestar infantil. El aumento de los centros de detención administrados por una agencia orientada a la aplicación de la ley no solo correrá el riesgo de violaciones similares, sino que empeorará la seguridad y el bienestar psicológico de los niños inmigrantes vulnerables. Esta propuesta, junto con la supuesta derogación de partes de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA), permitiría el uso de centros de detención a gran escala en todo el país. 

Este cambio plantea importantes preocupaciones, especialmente dado el enfoque actual orientado a la atención, que ya se enfrenta denuncias de violaciones de los derechos humanos en los centros de detención. Informes del Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington, destacan graves condiciones que ponen en peligro el bienestar de los detenidos, supuestamente incluyendo acceso limitado a la atención médica, condiciones insalubres y alimentos infestados de gusanos. Estos problemas han sido tan graves que del 1 de enero al 12 de marzo de este año, seis detenidos intentaron suicidarse. Trágicamente, Charles Leo Daniel, un detenido en este centro, murió por suicidio, lo que provocó un mayor escrutinio y críticas de las condiciones dentro del centro. 

Tacoma es un pequeño ejemplo de lo que podría suceder si se cumple el mandato de detener a 11 millones de personas en centros de detención y tiendas de campaña (140). Las estimaciones sugieren que deportar a un millón de personas anualmente podría costar aproximadamente $88 mil millones de dólares al año. Esta carga económica se ve agravada no solo por las consecuencias económicas de perder millones de trabajadores esenciales, sino también por el costo de construir la infraestructura para dar paso a este impulso. 

La detención a gran escala de inmigrantes tendría implicaciones económicas de gran alcance. Los inmigrantes contribuyen miles de millones en impuestos anualmente, a menudo sin recibir ningún beneficio, lo que significa que su remoción dañaría los negocios locales, tensaría los presupuestos estatales e impactaría negativamente al Seguro Social y otros programas basados en impuestos que dependen de estas contribuciones. Un estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración revela que la deportación masiva podría llevar a una reducción asombrosa de $1,7 billones en el producto interno bruto (GDP), lo que demuestra el impacto de eliminar de la economía a 11,1 millones de personas que pagan impuestos. Estas estimaciones no incluyen los beneficios que estas personas aportan a la economía como consumidores. 

La agenda de deportaciones masivas del Proyecto 2025 también puede allanar el camino para nuevas medidas restrictivas sobre la inmigración legal. Los datos históricos muestran que entre el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2020, la administración Trump redujo el número de tarjetas verdes emitidas a nuevos solicitantes en 418.453 y redujo las visas de no inmigrante en al menos 11.178.668, lo que resultó en una reducción del 63% de la inmigración legal. 

Las acciones propuestas por el Proyecto 2025 y la administración Trump desprecian los inmensos beneficios que los inmigrantes aportan a la prosperidad económica de los Estados Unidos. Los inmigrantes no solo son cruciales para satisfacer las demandas laborales, sino que también son motores vitales del crecimiento económico y la innovación. Los inmigrantes tienen el doble de probabilidades de iniciar un negocio y un 50% más de probabilidades de registrar una patente que sus homólogos nacidos en el país.  Al subestimar el valor de los inmigrantes, las políticas propuestas ponen en peligro los cimientos económicos del país, destacando la necesidad de un enfoque económicamente racional de la inmigración. 

4.  Establecimiento de un Poder Ejecutivo Unitario 

El Proyecto 2025 podría erosionar significativamente el sistema de controles y contrapesos del país al tratar de aumentar la autoridad del presidente sobre todos los aspectos del gobierno federal. Un aspecto crítico de este plan implica reemitir la orden ejecutiva del Anexo F de Trump dentro del nuevo Departamento del Interior, que permitiría el despido de empleados “incumplidores” (pág. 335). Esta medida permitiría a los extremistas de extrema derecha despedir a los empleados federales considerados insuficientemente leales. 

Esta propuesta se dirige a la vasta fuerza laboral federal que comprende aproximadamente 3,5 millones de personas responsables de administrar un presupuesto federal de $6,2 billones. Actualmente, solo unos 4.000 de los más de 3 millones de empleados federales son designados políticos que normalmente son reemplazados con cada administración presidencial. La mayoría, considerados funcionarios públicos de carrera, desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la continuidad e integridad de las operaciones gubernamentales. 

En 2020, la orden ejecutiva del ex presidente Trump tenía como objetivo crear una nueva clase de trabajadores federales, conocidos como empleados del “Anexo F” para aumentar la cantidad de nombramientos presidenciales que podría nombrar y reemplazar a los funcionarios públicos de carrera por miles.  Esta designación incluiría a los funcionarios de carrera que se dedicarían a tareas de "confidencialidad, determinación de políticas y formulación de políticas", lo que pondría a una parte importante de la administración pública en riesgo de purgas políticas. Tales cambios no sólo amenazan la estabilidad de las instituciones federales, sino que también comprometen su capacidad de funcionar de manera independiente y eficaz, socavando aún más los principios fundamentales de la democracia. En caso de que se restablezca el Anexo F, el presidente Trump tendría los medios para llevar a cabo la agenda del Proyecto 2025. 

El movimiento hacia la consolidación del poder ejecutivo es evidente en la forma en que las administraciones recientes han navegado el proceso de transición electoral. Típicamente, una transición del poder presidencial sin problemas es facilitada por la Ley de Transición Presidencial, que fue establecida por el Congreso para asegurar que el gobierno federal esté preparado para un nuevo liderazgo. Una parte vital de este proceso es un memorando de entendimiento (MOU), firmado por ambas partes, que asegura la financiación del presupuesto de transición para apoyar a los nombrados y mantener la continuidad entre las administraciones. 

En virtud de esta ley, la Administración de Servicios Generales (GSA) está obligada a proporcionar espacio esencial de oficinas y servicios básicos de apoyo al presidente electo y vicepresidente electo entrante. Además, los candidatos elegibles reciben recursos previos a las elecciones, lo que permite a los presidentes de primer y segundo mandato planificar adecuadamente las transiciones mucho antes de que se finalicen los resultados electorales. Esta financiación es esencial para establecer una transición estable, transparente y eficiente. 

Sin embargo, la negativa del presidente Trump a firmar el MOU, a pesar de las múltiples oportunidades, demuestra una desviación de las normas de la transición presidencial. Al negarse a firmar el memorando de entendimiento, Trump podría evitar la supervisión pública que viene con el uso de fondos federales para actividades de transición. Esto abre la puerta a la financiación privada e imposible de rastrear, a menudo llamada "dinero oscuro", para llenar los vacíos financieros. Esta renuencia sugiere una preferencia por un poder ejecutivo más unitario, un concepto similar a un estado unitario, de tal manera que el poder ejecutivo mantiene la mayoría del poder, dejando al poder judicial y al legislativo significativamente subordinados. 

Tales cambios hacia la centralización podrían socavar el modelo estadounidense de controles y contrapesos, concentrando el poder en el poder ejecutivo y potencialmente debilitando el funcionamiento independiente de las instituciones federales diseñadas para servir a una sociedad diversa y democrática. 

Una pobre transición del poder no solo podría socavar la integridad de nuestra democracia, sino que también podría conducir a un cierre completo del gobierno federal. Esto fue ilustrado por el cierre del gobierno de 2019 bajo el presidente Trump, que duró desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019. El cierre fue provocado por un enfrentamiento presupuestario entre el presidente y el Congreso por su demanda de 5,7 mil millones de dólares en fondos para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. 

Durante 35 días, este cierre se convirtió en el más largo en la historia de Estados Unidos, afectando a aproximadamente 800.000 trabajadores federales que fueron despedidos temporalmente u obligados a trabajar sin sueldo. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó el costo total del cierre en alrededor de $11 mil millones, y $3 mil millones de esa cantidad se consideraron una pérdida permanente para la economía. 

Lo más importante es que el cierre interrumpió numerosos programas de asistencia federal, dejando a las agencias incapaces de distribuir fondos vitales para vivienda y asistencia alimentaria. La amenaza de alterar las funciones del gobierno, que podría durar incluso más que el acontecimiento de 2019, suscita serias preocupaciones. Un cierre tan prolongado probablemente tendría efectos perjudiciales de largo alcance en las comunidades y la economía, exacerbando las dificultades para quienes dependen del apoyo federal y desestabilizando varios sectores en toda la nación.

El Proyecto 2025 representa una amenaza sustancial no solo para los derechos individuales, sino también para los cimientos mismos de la democracia estadounidense. Al tratar de centralizar el poder en el poder ejecutivo, socavar los derechos civiles y erosionar los programas sociales esenciales, esta agenda radical prioriza el control sobre la justicia, la aplicación sobre el bienestar y la exclusión sobre la inclusión. Las medidas incrementales que ya se están tomando en los estados presagian un futuro en el que los derechos de los grupos marginados, ya sean mujeres, inmigrantes o familias de bajos ingresos, se ven aún más comprometidos.